En relación a la noticia aparecida hoy en un medio de comunicación sobre la propuesta del gobierno de sortear diez viviendas de alquiler para jóvenes que incluye la obligación de realizar trabajos comunitarios, desde Podemos queremos señalar:

– Esta iniciativa es un quiero y no puedo, una actuación de cara a la galería a siete meses de las elecciones que no resuelve el problema de la vivienda de las personas jóvenes. Se sacan a sorteo diez pisos cuando en Vitoria existen cerca de 8.000 viviendas vacías, la mayoría de ellas en manos de instituciones públicas y entidades financieras. Ha habido tiempo de sobra desde el inicio de la legislatura para materializar un parque que arrancase de forma bastante más ambiciosa.

– Esta iniciativa es una tomadura de pelo después de los compromisos que el gobierno ha llegado a adquirir en esta materia gracias a las propuestas de Podemos. En la moción que presentamos el 24 de febrero de 2017 para crear un parque de alquiler social con las viviendas vacías de instituciones y entidades financieras, el gobierno apoyó el punto en el que pedíamos ejecutar la partida de 150.000 euros que habíamos incorporado al borrador presupuestario. Asimismo, el gobierno aprobó la moción que llevamos al Pleno del 21 de julio de 2017 en la que concretábamos la necesidad de crear este parque aprovechando la potencialidad de las viviendas de Olarizu. Aquella partida de 150.000 euros no se ejecutó y el estudio para dar salida a las casas de Olarizu ya tiene cuantía pero sigue sin ponerse en marcha.

– Desde Podemos decidimos no presentar enmiendas a la iniciativa del gobierno porque, de acuerdo a lo que hemos expuesto hasta ahora, nos parece que es el gobierno quien se ha autoenmendado al rebajar a la mínima expresión los compromisos adquiridos. Creemos que es un insulto a los acuerdos del Pleno y creemos que lo que hay que hacer es trabajar en las propuestas pactadas, que sí que tienen como objetivo real garantizar el derecho a la vivienda de las personas jóvenes.

– Además, no estamos de acuerdo con la obligación añadida de los trabajos comunitarios impuesta por el gobierno para poder acceder a esas diez viviendas. La vivienda es, o debería ser, un derecho fundamental. El gobierno está entrando en un terreno muy peligroso al introducir condiciones que lo único que hacen es vulnerar dicho derecho. La vivienda es un tema muy serio, no una broma electoralista.