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Elkarrekin Podemos registra mociones en las instituciones vascas para regular el mercado de alquiler de viviendas

• Pide a los gobiernos español y vasco, y a los ayuntamientos a que, en colaboración y dentro de sus competencias, desarrollen mecanismos legislativos y reglamentarios para el control de los precios que impidan alquileres abusivos y garanticen el derecho a una vivienda digna.

• “En un derecho fundamental básico como es el del acceso a una vivienda digna, nos encontramos con que lo único que impera es la lógica del mercado y los intereses económicos de unos pocos”. Garbiñe Ruiz, concejala en el Ayuntamiento de VG.

Vitoria-Gasteiz, 30 de marzo a 2021. Elkarrekin Podemos está registrando desde este martes mociones en las diferentes instituciones vascas (Parlamento Vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) para exigir que se desarrollen los mecanismos legislativos y reglamentarios necesarios para regular el mercado de alquiler de viviendas mediante el control de precios que impidan arrendamientos abusivos, así como a través de la promoción de bajadas de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros, en especial en las zonas de mayor tensión de mercado. La moción impulsada por Elkarrekin Podemos para su aprobación en las administraciones vascas emplaza al Gobierno español a aprobar una ley estatal de vivienda que permita su desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y municipios de cara a regular el mercado del alquiler de vivienda que, desde el control de los precios, permita blindar la función social de la vivienda y garantizar el cumplimiento real y efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada.

En similares términos, reclama al Gobierno vasco que, en el uso de las competencias autonómicas y en coordinación con el Ejecutivo español, ponga en marcha los mecanismos legislativos y reglamentarios necesarios en base al derecho subjetivo reconocido en la Ley Vasca de Vivienda para avanzar en la regulación del mercado de alquiler de viviendas. Asimismo, emplaza al Ejecutivo de PNV y PSE a aumentar el parque público de vivienda en alquiler social y asequible, adoptando los mecanismos legales existentes para la cesión de vivienda vacía.

La iniciativa también demanda a los ayuntamientos que, en coordinación con el Gobierno vasco, articulen mecanismos para impedir precios abusivos en los contratos de alquiler mediante el control de precios y el desarrollo de otros instrumentos que permitan regular el mercado de arrendamiento, como promover bajadas de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros, incentivar el alquiler de la vivienda vacía, fomentar el recargo estipulado del IBI o aumentar el parque público de vivienda.

Por su parte, en el ámbito de las diputaciones forales, se les insta a poner en marcha medidas fiscales eficientes y eficaces para favorecer la función social de la vivienda deshabitada en defensa del derecho a la vivienda de la población. En palabras de Garbiñe Ruiz, concejala de la coalición formada por Podemos, Ezker Antza-IU y Equo, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ”las instituciones no deben adoptar una posición pasiva ante el grave problema que existe de acceso a la vivienda, y que se ha visto agravado por la actual situación de crisis sanitaria, social y económica”. En estos momentos, la especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren miles de personas en Euskadi, donde los ingresos en las clases populares se han visto reducidos de manera significativa, por lo que, tal y como advierte Ruiz, “es urgente acabar con los precios abusivos para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada”.

A este respecto, desde el Gobierno de España se han adoptado, a impulso de Unidas Podemos, medidas encaminadas a la protección y garantía de acceso a la vivienda, como la moratoria en el pago de las hipotecas a personas afectadas por despidos o ERTEs, ayudas al alquiler o suspensión de desahucios, pero hay que seguir con cambios estructurales que nos encaminen hacia el ejercicio real del derecho a la vivienda. Por ello, la nueva Ley de Vivienda dotará a los ayuntamientos de mecanismos para poder establecer áreas con mercado de vivienda tensionado a consecuencia de subidas prolongadas de los precios de los alquileres en los últimos años, y fijar un precio máximo para los arrendamientos.

Elkarrekin Podemos alerta de que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social en Euskadi, donde en la actualidad 115.000 familias viven en régimen de arrendamiento y donde la renta mensual media del alquiler ha superado ya la barrera de los 1.000 euros. ”Ante esta situación, estamos registrando desde este martes mociones en las diferentes instituciones de Euskadi para que las administraciones vascas adopten, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para la defensa del derecho a la vivienda de la ciudadanía”, ha concluido Garbiñe Ruiz.