• La coalición ha registrado esta mañana en las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos una iniciativa con carácter de urgencia en la que solicita la convocatoria de dicha reunión a la mayor brevedad posible.
• Elkarrekin Araba reclama al Consejo Vasco de Finanzas un paquete de medidas económicas, presupuestarias y fiscales que ayuden a mitigar las consecuencias negativas más inminentes, fruto de la actual suspensión de las actividades económicas no esenciales que sufre la ciudadanía vasca.

Vitoria-Gasteiz, 3 de Abril de 2020.  La coalición en Juntas Generales de Álava considera que la actual situación de emergencia sanitaria que está viviendo la sociedad vasca, requiere que los tres pilares del entramado institucional vasco, Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos, se coordinen y ofrezcan propuestas en el ámbito de sus competencias en materia presupuestaria y financiera.

De este modo ha justificado la necesidad de esta iniciativa con carácter de urgencia la Portavoz del grupo, Arantxa Abecia, que considera que “en esta situación de emergencia sanitaria, social y económica es prioritaria la realización de un informe por parte del Consejo Vasco de Finanzas Públicas que contemple las medidas y reformas que deberán llevarse a cabo en los ámbitos presupuestario, económico y fiscal de la CAV, para que Euskadi pueda adaptarse a la nueva realidad marcada por la crisis del coronavirus.

Según la coalición progresista, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas debe reunirse para tratar de establecer las líneas de actuación frente a esta profunda crisis, dado que entre sus funciones, se encuentran las de estudiar y formular propuestas al Gobierno Vasco y a las diputaciones forales sobre cualquier materia relacionada con la actividad económica, financiera y presupuestaria, y la de armonizar y coordinar la política de endeudamiento en la Comunidad Autónoma Vasca a todos los niveles, autonómico, territorial y local.

Abecia ha incidido en que las prioridades a la hora de poner en marcha las medidas y reformas, han de ser el gasto social y el mantenimiento del empleo, más allá de los grandes proyectos que en esta situación son perfectamente demorables, por ello, “ninguna de las medidas adoptadas debe suponer un recorte del gasto que merme los derechos de la ciudadanía”, ha concluido.