El grupo plantea poner fin a la contratación del servicio y pide acabar con la distribución arbitraria de los anuncios institucionales. “Pagar a una agencia para que haga lo que se puede hacer desde el Ayuntamiento y repartir las campañas sin criterios definidos va en contra del interés de información de la ciudadanía y de los propios medios. No es responsable ni transparente”, advierte Jorge Hinojal.

El grupo municipal de Podemos en Vitoria-Gasteiz ha propuesto hoy una ordenanza para regular la publicidad institucional y ha animado a valorar la posibilidad de contratar este servicio de forma directa. El objetivo es poner fin a la privatización del servicio y a la distribución arbitraria de los anuncios. “Pagar a una agencia para que haga lo que se puede hacer desde el Consistorio y repartir las campañas entre los medios de comunicación sin criterios objetivos definidos va en contra del interés informativo de la ciudadanía y de los propios medios”, ha defendido el portavoz de la formación morada, Jorge Hinojal.

La iniciativa de Podemos comenzó a fructificar al revisar el expediente de adjudicación del contrato de servicio de agencia de medios para el servicio de comunicación e información del Ayuntamiento, de dos años de duración a contar desde 2016 con un presupuesto de 1.100.000 euros IVA incluido. Dicho expediente establecía como pauta para seleccionar la oferta más ventajosa “el porcentaje de reducción sobre las tarifas de diferentes medios de comunicación ligado al índice de audiencia” de acuerdo al informe de 2015 publicado por el CIE, tomando como referencia las tarifas de un número reducido de medios. “Nos llamó la atención que en el listado, que distingue entre medios escritos, radios y digitales, no salieran algunos medios que son referencia en la ciudad. También nos chocó que no se especificaran los criterios que se deben seguir para repartir los anuncios”, ha señalado Hinojal.

Para despejar dudas, el concejal remitió una batería de preguntas al Departamento de Alcaldía. Y han sido sus respuestas las que han evidenciado la necesidad de poner orden. En cuanto a que en el expediente no aparezcan todos los medios como referencia para las tarifas del contrato, la explicación del gobierno es que se eligen aquellos que “el personal técnico considera como más relevantes”. Respecto a los criterios de distribución de la publicidad, la contestación es que “en función del contenido informativo y el público potencial al que se dirige cada acción, se hace más hincapié en un tipo u otro de soporte”. Asimismo, el Departamento señala que las propuestas concretas que “pueden presentar y presentan” los medios en el propio pliego “son valoradas en base al interés general y a la oportunidad de su publicación”.

Así pues, de acuerdo a esos parámetros subjetivos, en el año 2017 el reparto de la partida según tipologías fue 45% para prensa escrita, 28% para radios, 23% para digitales y 4% para televisiones. Una distribución que resulta aún más desigual cuando se analiza medio por medio y que no parece ajustarse a las audiencias.

“Las aclaraciones recibidas solo generan más sombras. Es importante recordar que la publicidad institucional tiene como objetivo prestar un servicio a la ciudadanía, informándole de todas las actividades que sean de interés en el Ayuntamiento y promocionando todas aquellas que redunden en un beneficio para Vitoria-Gasteiz. ¿Esto sucede si, como puede extraerse de las explicaciones de Alcaldía, se da un reparto arbitrario de la publicidad?”, ha señalado Hinojal. Asimismo, el edil considera “innecesario e irresponsable” usar el dinero público para contratar a una agencia de medios sin plantear que esta labor se haga desde el Consistorio.

Por todo ello, Podemos propondrá elaborar una ordenanza “como ya existe en otros ayuntamientos del Estado” para regular la publicidad, y valorar una gestión directa “como sucede en otras instituciones”. La normativa debe recoger las materias que el Ayuntamiento puede publicitar, con información detallada de los proyectos, guardar la objetividad, veracidad e imparcialidad en el ejercicio de la información, equidad en los medios utilizados y en el contenido de la actividad, y libre concurrencia y eficacia en la asignación de los recursos económicos, establecer criterios imparciales como los distintos índices de medición de audiencias, incluir cláusulas sociales para promocionar valores fundamentales… Y todo ello, estableciendo reglas que eviten acciones partidistas y publicidad de carácter ilícito, subliminal, engañoso, desleal o agresivo.

“Lo que pedimos es una gestión responsable del dinero público y una acción publicitaria transparente. Confiamos en que el resto de grupos apoyen nuestra propuesta porque va en beneficio de la ciudadanía y los medios”, ha concluido Hinojal.