PODEMOS PROPONE UNA FISCALIDAD JUSTA Y PROGRESIVA

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El partido de los círculos hace hincapié en la necesidad de mantener los ingresos municipales ahondando en una mejor progresividad fiscal.

Hoy, el grupo municipal Podemos ha hecho pública su propuesta de Impuesto de Bienes Inmuebles en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2017.

Esta propuesta ha sido debatida en asambleas abiertas del partido y consensuada con expertos en la materia. Las conclusiones derivadas de este trabajo participativo son las que hoy, Jorge Hinojal, portavoz del grupo municipal Podemos ha trasladado.

“Está claro que el debate de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento no se puede llevar a cabo si no se hace una visión de conjunto. En Podemos queremos hablar del IBI, pero también del IAE y otros impuestos y tasas de este Ayuntamiento”- ha comentado Hinojal.

Es competencia de Gobierno Vasco la tasación de las viviendas de protección oficial en nuestro territorio, pero es responsabilidad del equipo de Gobierno Municipal ser justos con la ciudadanía y dar soluciones técnicas viables que eviten que sean las mismas quienes “paguen el pato”. “Por eso la subida en el impuesto de bienes inmuebles de las viviendas sociales y de VPO se debe realizar progresivamente, a lo largo de tres años, que es lo que permite la Norma Foral”- ha matizado Hinojal.

El municipio ha perdido un valor en sus inmuebles de algo menos del 40%, algo previsible.
Por eso el partido morado ha propuesto mantener un tipo de gravamen del 0,3 (lo mínimo permitido por la Norma Foral) en viviendas en nuestro municipio, aumentando el tipo de gravamen de otros usos al 0,355, de tal manera que se mantenga el recibo anual con respecto a 2015.

Esta propuesta parte del convencimiento de que la vivienda es un derecho subjetivo de todas las ciudadanas y ciudadanos y debe tener una consideración especial.

En cuanto a las bonificaciones, que es la herramienta que favorece la fiscalidad progresiva, el partido morado propone tablas progresivas, actualizadas en función de la renta de las unidades convivenciales, anulando la exención a los locales pertenecientes a la Iglesia Católica y a asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas que no sean destinados al culto.[:]

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