INGRESO MÍNIMO VITAL PARA PERSONAS EN DESEMPLEO HASTA FIN DE AÑO

La crisis sanitaria del coronavirus llega acompañada de una crisis económica y social sin precedentes; el escudo social debe estar dispuesto también en Euskadi para proteger a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, las familias, las personas trabajadoras y autónomas y las PyMEs. Por ello, pedimos al Gobierno Vasco que no pierda más tiempo y ponga en marcha desde ya las medidas necesarias para evitar que las personas mas vulnerables paguen las consecuencias de esta emergencia sanitaria a costa de ver mermadas sus condiciones materiales de vida.

Proponemos hacer uso de las herramientas de las que ya disponemos y de nuestro autogobierno para garantizar la suficiencia de ingresos de todas las personas que pierdan sus empleos, cesen su actividad o vean mermados sus ingresos tras esta crisis. Y para esto debemos hacer efectivo el derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos de la ciudadanía vasca y crear una renta mínima de emergencia expandiendo la RGI.

Lo que proponemos es crear una prestación de emergencia, un ingreso mínimo vital hasta final de año para las personas que se encuentran en situación de desempleo (personas trabajadoras y autónomas) como consecuencia del coronavirus, o aquellas que vean mermados sus ingresos por verse obligados a cesar su actividad o suspenderla cautelarmente. Este ingreso debe ser como mínimo igual al SMI vigente o debe complementar ingresos hasta dicha cantidad.

Proponemos también la flexibilización máxima de los condicionamientos para acceder a la renta de garantía de ingresos, y al padrón municipal, para aquellas personas que actualmente se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Debemos asegurar que en Euskadi ninguna persona carezca de ingresos. Desde las instituciones debemos garantizar que la tramitación de esta Renta Mínima de Emergencia sea rápida, ágil y de calidad, por ello debemos limitar al máximo los trámites burocráticos necesarios y decidir con las diputaciones, los partidos políticos y agentes sociales si Lanbide debe seguir siendo el gestor adecuado de estos trámites. El hecho de que haya una renta mínima va a incrementar notablemente el número de potenciales beneficiarios, lo lógico es que también se incrementen los recursos para atender la demanda, y que esto se haga en coordinación con Diputaciones Forales y Gobierno Vasco.

En el caso concreto de los y las profesionales autónomas que hayan visto reducida su actividad en más del 50% y que tengan unos ingresos mensuales inferiores al SMI actual, proponemos que se cree además una línea de ayudas con el objeto de ayudarles a financiar las cuotas de la Seguridad social y otros gastos fijos, como mantenimiento de sistemas informáticos, locales, etc. Esta ayuda se prolongará mientras duren las consecuencias de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, social y económica generada por el coronavirus.

Para llevar todo esto a cabo será necesaria una reforma fiscal express, responsable con los tiempo que vivimos. Es preciso revertir la regresividad actual del sistema impositivo hacia uno progresivo, incrementando la presión fiscal global a las rentas del capital recuperando el 28% del impuesto de sociedades y estableciendo mecanismos que garanticen que ese incremento en la recaudación se destinase, inicialmente a financiar el ingreso mínimo de emergencia, y más adelante, a fines sociales.

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